La semana pasada destacaron como noticias principales las muertes de un infante en el J.M. de los Ríos, el aumento de la violencia criminal en la zona de Petare, y la subida del pasaje en el transporte público a Bs 280. Las tres informaciones coinciden en mostrar la agudización de la crisis histórica que nos aqueja, afectando a grandes sectores de la población y afincándose en los problemas de salud, violencia y economía. La falta de insumos ha incidido en que se produzcan contaminaciones por bacterias y virus en el J.M. de Los Ríos, la renovada presencia de armamento y municiones ilegales ha recrudecido la violencia en Petare, y el aumento de pasaje se da en el contexto de un encarecimiento de repuestos y servicios de mantenimiento que se suma a la escasez de efectivo y la espiral inflacionaria, que sin duda impactarán negativamente en la gran mayoría de usuarios del transporte.

Estas noticias hablan de la orfandad de la sociedad frente a un Estado que ha sido secuestrado por un grupo en el poder, desconociendo las necesidades y problemas de las personas. Peor aún, este grupo, de manera premeditada, utiliza y promueve la crisis para generar zozobra, crear dependencia, chantajear, hostigar y agredir a la gran mayoría del país, para someter a las personas y mantenerse en el poder. Una especie de pranatocracia, cuyas víctimas somos todos los venezolanos.

La actual coyuntura es de enormes dificultades al enfrentarnos ante un régimen dictatorial y una realidad de crisis profunda: el régimen malogra intencionadamente nuestras condiciones de vida para mantenerse en el poder y someternos. Como sociedad, debemos, al mismo tiempo, sobrevivir a este embate mientras buscamos maneras de salir de la dictadura.

En estas líneas hemos insistido en la participación y organización como formas de empoderamiento de la gente que posibilitan, de manera efectiva, transformaciones en la realidad. Esta afirmación surge de la experiencia de nuestro trabajo en el municipio Libertador al lado de las comunidades y organizaciones locales, y el reconocimiento de experiencias en contextos similares al nuestro en Latinoamérica y el mundo, con casos tan elocuentes como el de la ciudad de Medellín, en Colombia. En este ejemplo, el empoderamiento de comunidades, sumado a la participación de organizaciones sociales y en conjunción con agrupaciones políticas e instituciones del Estado, lograron generar grandes cambios, logrando disminuir índices de criminalidad y violencia, modificando el escenario urbano y generando progreso social y cultural, con un impacto significativo en la calidad de vida de sus habitantes.

En nuestro caso, es necesario dar los primeros pasos en esa dirección, sobre todo ahora que nos enfrentamos a un Estado secuestrado, cuya estructura ha sido puesta en nuestra contra por el grupo en el poder. Dar una respuesta en la que lo social y lo político actúen mancomunadamente. Empezar a pensar en términos de una política de verdadera convivencia, que logre articular a los diversos actores sociales para enfrentar a la crisis, y al Estado que la genera y manipula, sentando las bases para lograr la salida del régimen y reconstruir al país.

Particularmente estamos trabajando en esa vía buscando reproducir iniciativas como Alimenta la Solidaridad en otras zonas de Caracas, involucrando a comunidades, líderes sociales y organizaciones particulares con gobiernos locales democráticos. Es un trabajo de aprendizaje y replanteamiento de esquemas para todos los que participamos en ello. Para los actores políticos supone abrirse a las críticas, modificar estrategias, maneras de actuar, para que las acciones políticas estén ligadas a las necesidades sociales, y sus resultados y alcances se evalúen dentro del apoyo a la población y la resistencia a una dictadura. Para las personas significa profundizar en el camino de la participación y la organización (ya expresados, por ejemplo, en las protestas) para generar redes de apoyo, organizándose en torno a la solución de necesidades comunes y nuevas vías de oposición no violenta al régimen.

La política de verdadera convivencia se opone por completo al régimen de poder violento y corrupto, empobrecedor y excluyente, que impone la dictadura. Esta incluso utiliza el término de “convivencia democrática” en su discurso para ocultar de manera torpe su clara naturaleza autoritaria y opresora.

En su manera más básica, una política de la convivencia comprende el priorizar a la gente, sus problemas, necesidades, y aspiraciones a través a de la partición y organización, estableciendo relaciones de respeto y solidaridad entre los grupos diversos que conforman la sociedad. Creemos que debemos reflexionar acerca de esto para encontrar soluciones pertinentes, novedosas y efectivas que nos permitan encontrar salidas a la actual situación de tragedia, crisis y dictadura que vive el país.

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