El régimen madurista ha asumido vías dictatoriales para mantenerse en el poder, reforzando acciones represivas y agudizando la militarización nacional. Esto se da en medio de una gravísima crisis de inseguridad, con elevados índices de homicidios y criminalidad. La transmisión de poderes al vicepresidente Tarek El Aissami, el establecimiento de un estado mayor en Caracas dan cuenta de esto.

En nuestro país ha existido, en ciertos grupos, una cultura de la violencia en la que el uso de la fuerza y la imposición violenta, así como su exaltación, asociada falsamente a atributos como el valor, el coraje y el respeto, han sido una constante en nuestra historia. Durante el gobierno de Hugo Chávez, la exaltación de la fuerza como herramienta para posibilitar transformaciones sociales, así como la justificación de expandir las atribuciones de lo militar hacia ámbitos ajenos de lo ejecutivo, social y económico, fueron fundamentales en su narrativa. Por estas vías y escenarios se intentó argumentar, también, la resolución de las desigualdades económicas y la polarización política. El régimen madurista ha llevado a los extremos este discurso criminalizando todo tipo de disidencia política e ideológica, llegando a la persecución y el encarcelamiento. Una muestra de ello es la disposición del Tribunal Supremo de Justicia.

A las fallas crónicas que nuestro país arrastra en el combate con la criminalidad (como por ejemplo en la focalización en acciones represivas indiscriminadas en detrimento de las preventivas y de la reinserción), ambos gobiernos le sumaron, además, la exclusión del problema de la agenda gubernamental, minimizando e ignorando su real dimensión, y su manipulación por necesidades populistas, empoderando, incluso, grupos paralegales y delictivos.

Ante la realidad de inseguridad, que se materializa diariamente en la pérdida de vidas humanas así como en el secuestro de espacios para el encuentro y la socialización, los venezolanos estamos desamparados y desprotegidos por un Estado cuyas instituciones y representantes inefectivos, desprestigiados o cooptados por elementos delictivos, con índices de impunidad de un 98%.

Al dolor, la angustia y la impotencia de la gente se suma la rabia, desconfianza, deseos de retaliación y agresividad como respuesta a una realidad hostil, más propia de una guerra. Estas pulsiones negativas llegan a extremos en los que se exacerban prejuicios y se estigmatizan determinados grupos o sectores sociales. También, y quizás lo más grave, se avala, normaliza o promueve el uso de fuerza excesiva y de la violencia como únicas opciones efectivas, aunque en la mayoría de los casos se llegue a la ejecución sumaria y la violación de derechos humanos, tanto de culpables como de inocentes. O a situaciones como los linchamientos, con las terribles repercusiones psicológicas que dejan en las personas y comunidades involucradas.

Estas pulsiones son manipuladas en el discurso del régimen alcanzando grados extremos de irresponsabilidad, como el llamado de Nicolás Maduro de armar a la población, expresado durante unos absurdos ejercicios militares. Estas declaraciones se producen en una Venezuela que tiene la proporción más alta de uso de armas de fuego en homicidios en Latinoamérica y que, junto con El Salvador, lidera el ranking continental de los países con más muertes por asesinato.

Es la misma intención, criminal e irresponsable, en la que persiste el Estado venezolano cuando continúa implementando las OLP, a pesar del impresionante número de denuncias de violaciones a los DDHH que se le ha adjudicado a este tipo de operativo. El régimen no emplea recursos, ni se articula con otros sectores de la sociedad, para establecer políticas de control de armamento, planes de prevención y atención a jóvenes en riesgo, reestructurar y aprovisionar efectivamente a fuerzas policiales o recuperar espacios públicos. Continúa su discurso de odio y culto a la muerte, y la destrucción de vínculos de convivencia entre los venezolanos.

No podemos aceptar las políticas del estado para promocionar la violencia. Debemos evitar que prevalezca entre nosotros.


Roberto Patiño

Coordinador de Movimiento Mi convive

Miembro de Primero Justicia