La semana pasada, Gilbert Caro inició una huelga de hambre e incluso advirtió que tomaría medidas más extremas como coserse los labios. Un acto de protesta por su detención y reclusión ilegal desde enero de este año, en la que, además, ha sido juzgado por un tribunal militar en contraposición a las normas jurídicas más elementales. Su caso es representativo de los más de 600 venezolanos privados de libertad por razones políticas a quienes se les han vulnerado no sólo sus derechos legales sino también humanos, de manera no vista en nuestro país en décadas.

Situaciones de secuestro como la desaparición durante 20 días de Raúl Baduel o de irregularidad como el incumplimiento de órdenes judiciales de excarcelación de Yon Goicochea, hasta las situaciones de problemas de salud ignoradas por las autoridades como los casos del general Vivas, Carlos Graffe o los estudiantes de la UPEL recluidos en El Dorado y enfermos de paludismo, demuestran esta línea represiva del régimen.

Más de 600 personas sometidas a procesos de comprobada irregularidad y violatorios de los derechos humanos.

Estos venezolanos, y las vejaciones a las que son sometidos, son el reflejo de la forma de gobierno que ejerce el régimen actual, que priva de derechos a sus ciudadanos, o los condiciona de forma discrecional, para someter y oprimir a la población.

De manera hipócrita y engañosa, el régimen utiliza instituciones del Estado como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, o crea instancias fraudulentas como la llamada Comisión de la Verdad, para manipular los hechos, impedir el cumplimiento de la justicia y burlarse incluso de la opinión pública. Al respecto recordemos a Tarek William Saab, luego de ser nombrado ilegalmente por la fraudulenta Asamblea Constituyente como fiscal general, anunciando que llevaría a cabo denuncias por “crímenes ecológicos” en relación a los sucesos ocurridos durante las protestas multitudinarias entre abril y agosto, ignorando a los asesinados por fuerzas policiales y militares.

Esta política violatoria de derechos se manifiesta en todas las áreas de la vida nacional. La franca extorsión con fines proselitistas y sectarios en la entrega de alimentos en los comités CLAP y la adjudicación de inmuebles por misiones de vivienda. Las medidas como la regulación del suministro de efectivo por cajeros o las de control cambiario. La retención de pasaportes y la censura de medios. Las gravísimas transgresiones en operativos como las OLP o la falta de transparencia en cárceles y retenes como lo visto en los hechos de Puerto Ayacucho. Los problemas de falta de insumos y del deterioro de los sistemas de salud.

Estas situaciones no son únicamente producto de una crisis general o de un gobierno ineficiente, sino que hablan de un régimen que para mantenerse en el poder mantiene reprimida a la gran mayoría de la población, deteriorando de manera profunda las condiciones de vida del país. Todas estas situaciones son ataques directos a los derechos humanos (como alimentación, vivienda, seguridad, a la vida, etc.), que no sólo están contemplados en nuestra constitución sino que son universales y reconocidos en el mundo.

Estos derechos constituyen la base de las sociedades y son fundamentales para su funcionamiento, condicionando las relaciones entre los grupos e individuos que las conforman. No pueden ser utilizados por el gobierno de turno, ignorados o manipulados por particulares para su beneficio, sacrificando las necesidades del bien común. Las violaciones a estos derechos no pueden ser “normalizadas” por el régimen sin tomar en cuentas las terribles consecuencias sobre la vida de las personas. Y esto es lo que el actual “gobierno”, encabezado por Nicolás Maduro, está haciendo.

A nivel internacional esta grave situación de ilegalidad y violación de derechos humanos de todo un país, ha sido reconocida por instituciones como la ONU y la OEA y organizaciones como Amnistía Internacional y HRW. El régimen ya ha sido desenmascarado y sus desmanes no pueden ocultarse bajo fachadas de falsa causa social o diatriba ideológica. Pero para los venezolanos se mantiene la dura realidad de vivir bajo un Estado malandro y antidemocrático, que pone en peligro nuestras vidas y condiciona negativamente nuestro futuro. En este dificilísimo contexto debemos continuar denunciando y registrando esta situación.

A través de la solidaridad y la convivencia podemos organizarnos frente a los problemas y participar, en la medida de nuestras posibilidades, en iniciativas para enfrentarlos. Y buscar, desde lo individual y lo colectivo, formas de defender esos derechos que han sido agredidos y secuestrados por el actual Estado.

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