Se están produciendo otros efectos de la crisis cuyas ramificaciones se sienten de formas menos públicas o inmediatas. Sus consecuencias se experimentan en otros ámbitos de nuestra vida, como las relaciones interpersonales y familiares o condicionan negativamente aspectos estructurales de nuestro desarrollo como nuestra capacidad productiva o de aprendizaje, por poner solo dos ejemplos. No solo constituyen una amenaza cierta en lo inmediato sino también para nuestro futuro: los males de la crisis, al no ser abordados con prontitud, eficacia y profundidad, tienen secuelas que se manifestarán posteriormente a lo largo de generaciones.

Debemos atender con igual compromiso y esfuerzo tanto los aspectos crónicos como los coyunturales de la crisis. Un primer paso para ello es registrar y tomar conciencia de los problemas que está generando más allá de sus expresiones evidentes.

La crisis alimentaria, por ejemplo, ha tenido efectos devastadores en las relaciones interpersonales y familiares. Especialistas como Susana Raffalli emplean términos como la “violencia alimentaria” para hablar de disturbios y saqueos generados por esta situación. Recordemos los disturbios desatados en junio de 2016 en la Avenida Fuerzas Armadas, de Caracas, en los que personas que esperaban desde la madrugada alimentos regulados se enfrentaron con integrantes de colectivos que intentaron requisar estos mismos productos para distribuirlos a través de los recién creados CLAPs.

Ya son continuos los episodios de violencia y agresividad que se producen en las colas de supermercados, abastos o panaderías y que surgen por motivos como la obtención de un puesto en la cola, la entrega de números o la impotencia y rabia de las personas frente a los productos agotados o no disponibles. Incluso, se presentan nuevas expresiones de conflictividad, asociadas a lo territorial, en las que residentes locales de una comunidad resienten la presencia de personas que vienen de otras zonas a buscar alimentos, al sentir que los privan de estos o complejizan el ya difícil proceso para conseguirlos.

Debemos considerar, de igual forma, cómo esto se refleja en el núcleo familiar. En nuestra experiencia en el Municipio Libertador, cuando empezamos en 2016 a recoger testimonios sobre el problema alimentario, pudimos ver las consecuencias que estaba teniendo en las relaciones materno-filiales e interfamiliares. Las madres sufrían episodios de agresividad en situaciones en las que no podían satisfacer los pedidos de comida de sus niños o de culpa y resentimiento con sus hijos cuando ellas dejaban de comer para alimentarlos. Esto también sucedía entre otros miembros de la familia (entre hermanos, padres, abuelos y tíos). Otra vertiente de esto se ha manifestado, de forma muchísimo más aguda, en los casos que no se registran o denuncian de muerte por desnutrición de infantes. Al dolor y la impotencia de este terrible hecho, se suma el temor de los padres a ser procesados por el Estado bajo cargos de indulgencia o también la amenaza a perder la custodia de los hijos restantes.

La crisis es un factor determinante en la fragmentación del grupo familiar. Tanto en los casos de padres que deben ausentarse del hogar para encontrar fuentes de sustento en zonas distantes, como en la entrega de los hijos a otros familiares que pueden alimentarlos o brindarles mejores condiciones de vida. Se han multiplicado los casos extremos en los que sencillamente los padres no pueden hacerse cargo. En días recientes el profesor Alexander Campos, del Centro de Investigaciones Populares, comentaba con preocupación cómo varias órdenes religiosas dedicadas al trabajo social estaban desbordadas con la acogida de niños abandonados o entregados en adopción. Al mismo tiempo, Campos alertaba cómo el aumento de este fenómeno había incidido en la modificación en los estatutos legales para adoptar. Los controles y procedimientos se han vuelto menos exigentes y rigurosos, para acelerar procesos y descongestionar las instituciones. Esto levanta serios cuestionamientos sobre las condiciones de selección y capacidades de los posibles padres adoptivos, así como el peligro de generar situaciones propicias para la corrupción en un contexto tan sensible como este.

En contraste con esta situación de instituciones sobrepasadas con funcionamientos dudosos, está también el de leyes rígidas desapegadas de la realidad. Personalmente pude vivirlo cuando me llamó una comerciante de Sabana Grande, para apoyarla en la asistencia a un menor en situación de abandono. El niño estaba durmiendo en una bomba de gasolina y había escapado de su hogar, víctima de abuso. Contacté a un trabajador social para realizar los trámites necesarios para que pudiese ser albergado en una casa de ayuda, pero esta opción se veía imposibilitada por no contar con un representante legal del niño que pudiese autorizarlo. El niño aún sigue contando con la solidaridad de la comerciante pero aun continuamos buscando una institución que pueda recibirlo.

Es cierto que el Estado debe responsabilizarse al respecto de estas expresiones menos evidentes de la crisis, haciendo un esfuerzo para reconocerlas, visibilizarlas y darles solución. Esto no solo a través de las instituciones públicas pertinentes sino estimulando políticas de participación y ayuda con otras organizaciones y sectores de la sociedad. Pero el modelo estatal impuesto por el régimen madurista actúa en sentido contrario, negando los problemas, culpabilizando a las víctimas y explotando los efectos de la crisis para mantenerse en el poder.

Debemos reconocer esta realidad y hacer conciencia de los efectos que tiene sobre nosotros y quienes nos rodean para responder, activamente, desde la comprensión, el apoyo y la solidaridad. Viendo los otros rostros de la crisis podemos empezar enfrentarla en toda su dimensión y profundidad.