Foto referencial / Guillermo Suárez

Yasiri Paredes vive en la parte alta de La Vega, en el sector Bella Vista. La tarde del sábado subió las escaleras que llevan a su casa y parada sobre el último escalón, tomando aire, escuchó unos pasos. Se apresuró a entrar y se encerró. Entonces, oyó cómo apuñaleaban a un muchacho.

Aterrorizada, se negó a salir hasta el día siguiente. “Así una no haya hecho nada, ni esté involucrada, una no sabe si cae presa, o resulta herida, porque en esas cosas puede salir salpicado cualquiera”, me dice. Ahora, los “dolientes” del muerto están buscando venganza. Se los puede ver caminando por la zona y, después de las seis de la tarde, sentados en las escaleras. Se dice que podrían comenzar a matar gente en las noches.

El muchacho asesinado, dice una preocupada Yasiri, pertenecía a El Carmen, donde opera la banda delictiva familiar Los Chinos. El joven no estaría involucrado con la banda, pero al ser un vecino de su sector, esta asume su asesinato como una ofensa y por eso busca venganza. Yasiri explica que la comunidad donde ocurrió el homicidio pasa mucho tiempo sola. La mayoría de las personas que viven ahí trabajan fuera: salen a primera hora de la mañana y retornan a sus hogares en la tarde, prestos a encerrarse en casa. Ahora esta conducta se refuerza ante la posibilidad cierta de más muertes.

El testimonio de Yasiri condensa diversos aspectos del tema de la violencia, que ha sido crónico en nuestra historia y que ha escalado de manera sostenida en las últimas dos décadas y en particular durante el gobierno de Nicolás Maduro. Nos habla de contextos urbanos en los que la presencia de las fuerzas del orden es escasa o nula, y es percibida con desconfianza y temor por las personas a las que supuestamente debe proteger y servir. Un contexto en el que los principios de autoridad se ejercen desde la intimidación y el hostigamiento por parte de grupos armados criminales, que rigen la cotidianidad de individuos y comunidades.

También habla de un contexto en el que el Estado no ha aportado políticas eficaces y pertinentes contra la violencia y, por el contrario, ha sido tanto factor de estímulo como instrumentalizador de la misma.En la actualidad nuestro sistema judicial tiene una tasa de impunidad de 90% y, por ejemplo, ha aumentado la circulación de armas de fuego entre la población joven, sin controles eficaces sobre quién puede acceder a ellas. Tenemos una de las mayores tasas de homicidios en el mundo y un tercio de los asesinatos en nuestro país son cometidos por cuerpos de seguridad del Estado.

Una muestra de esto es la Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP), mediante la cual “se buscaba combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo colombiano”. En la práctica, la OLP ha servido para asesinar a 560 personas entre julio de 2015 y junio de 2017. El operativo ha ayudado a sustituir grupos delictivos por colectivos, se ha puesto al servicio de los intereses de miembros del gobierno y se ha usado de cortina para realizar venganzas personales. No sólo son muchos los ciudadanos inocentes asesinados, sino que se reportan innumerables robos y daños a la propiedad privada ejercidos por la OLP.

Un ejemplo de lo señalado ocurrió el sábado 10 de febrero, en la mina Cicapra del estado Bolívar. Una comisión del Ejército se enfrentó allí a un grupo armado que, presuntamente, controlaba la mina. Entre balas que iban y venían, 18 civiles murieron. En el 2017, incursiones como esta del Ejército dejaron de denominarse dentro del discurso oficialista como OLP y empezaron a ser mentados como “enfrentamientos”, pero las autoridades siguen sin referirse directamente al tema ni ofrecer balances precisos.

Durante las marchas y protestas contra el régimen, sobre todo las ocurridas en el 2017, vimos asimismo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Cientos de civiles, dentro de los que había niños, adolescentes y ancianos, fuimos agredidos: mediante golpes, bombas lacrimógenas o impactos de perdigones. Muchos hasta fueron detenidos, en un intento del régimen por silenciarnos.

Si bien es cierto que las ejecuciones extrajudiciales no constituyen un fenómeno reciente, pues en los 90 ya se hablaba de “grupos de exterminio” y “escuadrones de la muerte”, los ajusticiamientos y operaciones armadas aumentaron de forma alarmante: entre el 2012 y el primer trimestre de 2017, el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) registró 6.385 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Todo esto no hace sino demostrar la necesidad de un cambio político, que permita atender de forma real el problema de la violencia, detener la deshumanización y reducir el acceso a las armas. Es imperante la unificación en un frente amplio, en el que participemos todos los sectores del país y en el que nos debemos unir para salir de esta crisis.

Por eso, en Mi Convive nos hemos propuesto reconocer los efectos que genera la violencia en las víctimas directas e indirectas en el municipio Libertador, para generar propuestas que puedan surgir desde las mismas comunidades. Hemos acompañado a familias que han padecido un homicidio y hemos visto la profundidad del duelo. Decidimos formar líderes comunitarios que puedan prestar primeros auxilios psicológicos y estos, a su vez, han organizado junto a nosotros grupos de apoyo: un ejemplo claro de cómo una comunidad se une para sentir el mismo dolor y hacerle frente. Buscamos vías para que personas y comunidades puedan empoderarse a través del conocimiento e implementación de herramientas para enfrentar la violencia.

Otro aspecto fundamental es el de visibilizar los testimonios de las víctimas para detener procesos de deshumanización, normalización y estigmatización ligados a la problemática de la violencia en nuestra sociedad. Debemos reconocernos como personas de carne y hueso con historias particulares, con familias, amigos, vecinos y conocidos que, al igual que nosotros, padecen esta tragedia. Es importante que nos contemos nuestras experiencias, que entre nosotros narremos las historias que trata de reprimir el régimen. He visto a personas mejorar su semblante después de permitirse hablar y llorar. Solo así es posible plantearse soluciones.

El empoderamiento local, la organización y participación de las personas para implementar iniciativas que vinculen a todo el grupo social es otro factor fundamental. El éxito de cualquier iniciativa estará ligado a la vinculación y el apoyo que esta encuentre en la comunidad en la que se produzca.

En este sentido hemos identificado los espacios determinados en diversos sectores en los que se produce el mayor número de hechos violentos y criminales. Este trabajo solo es posible a través de la ayuda de las personas y en el mismo buscamos generar contacto entre la comunidad y autoridades y policías locales. Todos unidos con un mismo fin, pues como sociedad debemos reconocer esta tragedia, encontrarnos en torno a ella, y asumir todos el compromiso de enfrentarla.