El uso de colectivos armados por parte del régimen, para reprimir las manifestaciones y protestas pacíficas, marca un punto de no retorno por parte del Estado madurista. Normalizar esta situación y manipularla, a través de un férreo control mediático, plantea una forma, distorsionada, nociva, de modelo de gobierno, que genera profundos daños a la sociedad venezolana y que no puede ni debe extenderse en el tiempo.

La implementación del llamado Plan Zamora frente a las manifestaciones, ha posicionado como nuevos cuerpos de represión a grupos paramilitares, los llamados colectivos. A la gravedad de la violencia represiva por parte de la policía y guardia nacional, se suma ahora la mortífera participación de grupos ilegales, en una situación inédita en toda nuestra historia democrática. Nunca antes ningún gobierno, para evitar la protesta y mantenerse en el poder, había autorizado públicamente a criminales a que atacaran, secuestraran y asesinaran a sus propios ciudadanos, bajo la aparente anuencia de fuerzas públicas policiales y militares.

Las repercusiones de esto han causado una escalada en la violación sostenida de los derechos humanos de los venezolanos en estas dos últimas semanas. Si ya antes, en diferentes foros públicos, habíamos alertado y criticado los desmanes que la implementación de las OLP estaba causando en diferentes zonas de Caracas, ahora podemos ver como esta forma de represión desproporcionada y homicida, ha sido trasladada hacia las protestas y manifestaciones que se están generando en todo el país.

Esta violencia contra los venezolanos ha sido ignorada de manera irresponsable por instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, y los manifestantes víctimas de la violencia han sido criminalizados por voceros y medios oficialistas. El montaje de “ollas”, campañas de descrédito y de persecución por parte del régimen a personas y partidos de oposición democráticos, funcionan en paralelo con la censura de medios. Se ha establecido un bloqueo informativo que ha impedido la transmisión de las marchas y de la brutal represión que ejercen tanto las fuerzas públicas como las paralegales, así como la hegemonía de un discurso oficial falso y manipulador. Esto ha generado, por parte de personas y organizaciones civiles, una toma de conciencia sobre la necesidad de establecer redes para la transmisión crítica y pertinente de información.

Los hechos ocurridos en El Valle, en Caracas, la semana pasada, han evidenciado los estragos y desmanes de estas políticas dictatoriales. La represión desmedida, el discurso de odio y de fomento del saqueo, ha alcanzado su punto álgido en esa zona de Caracas, con la pérdida de vidas y la destrucción de importantes espacios públicos. El régimen ha intentado culpabilizar a opositores y manipular a comunidades locales con la entrega de bolsas CLAP, en una maniobra ruin que ha terminado por devolvérsele a través de una gran ola de rechazo popular, protestas y descontento.

Los daños a la convivencia de los venezolanos por estas acciones son terriblemente profundos. Llevará al país mucho tiempo, esfuerzo y constancia repararlos. Tanto la atención a víctimas y sus familiares, aplicando justicia no solo a autores materiales, sino también a instituciones y cuerpos que han permitido y fomentado estas maneras de actuar, como la reconstrucción de un Estado que ha sido pervertido para convertirse en el principal generador de violencia y empobrecimiento del país, serán tareas ineludibles para asegurar la gobernabilidad y desarrollo de Venezuela a futuro.

Promovida por el reducido grupo que busca mantenerse al poder, el régimen madurista ha asumido una etapa de radicalización que fractura definitivamente la convivencia. Hacemos un llamado urgente a quienes hacen parte del gobierno para que tomen posición frente a esto y no lo convaliden. La dictadura es un punto sin retorno de muerte, vejaciones y enfrentamientos, al que los venezolanos nos negamos a ser arrastrados y al que estamos resistiendo, desde cada vez más espacios de la vida nacional, con todas nuestras fuerzas democráticas.