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“El sueldo no nos alcanza pero a los transportistas tampoco: con lo que pagamos de pasaje a ellos no les alcanza para comprar repuestos. Ellos también tienen familia. Y a parte de comprar el repuesto tienen que darle de comer a su familia”, me dijo Wilmary Páez hablándome sobre el paro de transporte, del martes y miércoles pasado.

Wilmary vive en el sector La Gran Parada, en Carapita. El martes tuvo que caminar cinco cuadras, una media hora, hasta Antímano, con la esperanza de poder agarrar uno de los pocos autobuses pirata que trabajó ese día cobrando el pasaje un 300% más caro de lo establecido. Fue imposible: había demasiada gente. Con las calles colapsadas y el Metro a reventar, los mototaxistas hacían su agosto. Y eso que muy pocas personas podían darse el lujo de usar este medio de transporte. “¿El día de trabajo en cuánto está? ¿Tres mil, cinco mil bolívares? Un mototaxista te va a cobrar 50 mil bolívares por llevarte”, me contó Wilmary, que ni martes ni miércoles pudo llegar a su destino.

Según datos publicados en El Nacional, el paro de transporte fue acatado por el 70% de los transportistas de la región metropolitana. El objetivo de la protesta era que el Ejecutivo aprobara un aumento del pasaje. Esto se da en medio de la escasez de efectivo que limita las posibilidades de los usuarios de pagar pasaje diariamente así como a los transportistas de cobrar. En enero de 2017 el pasaje era de 80 bolívares. Un año después, se cobran 1.000 bs por persona que ahora se pide que aumente hasta 2.000. “Vamos a tener que ponerles punto a las camionetas”, me comentó Wilmary.

La gente comprende que tanto usuarios como transportistas terminan afectados de igual forma por la situación. Pero para el régimen es otra oportunidad de acentuar estrategias de fragmentación y dependencia, enfocadas primordialmente hacia los sectores más vulnerables. Por una parte dificulta la movilidad de las personas para trabajar, llevar al colegio a sus hijos, transportarse en diversas áreas de la ciudad. Por otra busca culpabilizar a uno de los grupos en el problema y generar conflicto entre los afectados: ya se han registrado hechos de violencia entre usuarios y transportistas.

No cabe duda de que estas políticas y el manejo que el Estado ha tenido del problema del transporte ha deteriorado esta situación a niveles de enorme gravedad: según El Nacional, el 80% de las 20.000 unidades que trabajan en Caracas se encuentran paradas por falta de repuestos. Las personas deben organizarse dentro de sus comunidades para afrontar esta difícil realidad. Por ejemplo, en algunos sectores se generan iniciativas en la que vecinos organizan grupos que usan en conjunto el carro de un particular, contribuyendo con el mantenimiento del vehículo a modo de “pago”. O, entre varios, acondicionan transportes que puedan mantener una ruta fija en beneficio de un sector o comunidad.

Estas soluciones no son definitivas y son limitadas, pero constituyen un alivio real a las necesidades de las personas y abordan la crisis a partir del establecimiento de compromisos de convivencia, en la que se reconocen las dificultades de todos los implicados en el problema.

Es una estrategia opuesta a la política gubernamental de conflicto y fragmentación, que en este caso busca convertir a usuarios y transportistas en dos bandos en guerra. El Estado no actúa como mediador ni busca vías de resolución en la que los dos sectores, que dependen el uno del otro, puedan implementar acciones en conjunto que los beneficien mutuamente.

Las políticas del régimen promueven la desunión y el conflicto. El mismo régimen fomenta la crisis y busca que se enfrenten entre sí los sectores afectados por los problemas que esta genera. En oposición a esto, el testimonio de Wilmary revela cómo quienes son afectados por la situación reconocen al otro y entienden que de una u otra forma todos padecemos los embates de la situación actual del país. Esto nos reafirma la necesidad de abordar la crisis no desde la desconfianza y el enfrentamiento sino desde la cooperación y el reconocimiento.