El régimen de Nicolás Maduro ha abandonado por completo las formas democráticas y de aceptación popular para mantenerse. Sus políticas y acciones no buscan solucionar ninguno de los problemas que abordan, como la crisis alimentaria o la inseguridad, sino, muy por el contrario, explotarlos para afianzarse de manera nociva en el poder. Esta situación ha desvirtuado por completo el papel del Estado y su relación con las personas. En estos momentos, sus instituciones y mecanismos funcionan no para para servir a los venezolanos, sino para mantener al régimen madurista, violentando la Constitución y las leyes.

En Venezuela, la relación entre el Estado y las personas ha sido un tema primordial en la construcción de la vida social del país. Mucho se ha hablado acerca de los problemas crónicos de esta relación en diferentes momentos de nuestra historia. El Estado ha sido centralizador, paternal, clientelar, rentista. Nuestra relación con él ha sido de insatisfacción: no cumple con nuestras necesidades y es sordo a nuestras críticas. Desde el propio Estado se ha promovido la confusión del ciudadano. No hay claridad sobre en qué medida debe promover el ejercicio pleno de nuestros derechos y hasta dónde debe regular el cumplimento de nuestros deberes.

La actual encarnación del Estado, propuesta por el régimen de Nicolás Maduro, ha profundizado estos problemas crónicos: nunca en nuestra historia contemporánea el aparato estatal había sido al mismo tiempo tan centralista y dictatorial, tan clientelar y rentista. Nuestra dependencia de los precios del petróleo, la trama de corrupción alrededor de la entrega de divisas o la distribución de alimentos, la militarización exacerbada y la parcialidad del sectarismo partidista, son algunas muestras de esto.

Por otro lado, el régimen madurista, para mantenerse u obtener beneficios, plantea un modelo de poder en el que el Estado roba, amenaza, secuestra, somete, delinque y violenta. Mucho más grave aún, fuerza a las personas a romper la ley para poder satisfacer necesidades básicas. Pensemos en la crisis alimentaria, que genera situaciones de violencia en las colas, prácticas de mercado negro como el “bachaqueo”, pagos de “vacunas” a las autoridades policiales. O el problema de la inseguridad abordado desde las OLP, con cuerpos policiales que actúan sin control, violando derechos humanos y promoviendo el uso de fuerza excesiva, ineficaces para impedir los altos índices de criminalidad y muerte. Todo esto en el marco de una impunidad total en el que nuestra relación con el Estado es similar a la de una comunidad azotada por malandros, que se imponen de forma arbitraria y violenta.

En nuestro pasado democrático hubo intentos de mejorar y modernizar la figura el Estado. Recordemos iniciativas que en este sentido se produjeron, como la comisión para la reforma del Estado, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Pero en la actualidad nos encontramos frente a una figura completamente desvirtuada y negativa, prácticamente un Anti Estado. ¿Cómo creer en las leyes e instituciones que lo sustentan si están al servicio de intereses sectarios que representan al país? ¿Cómo creer en sus iniciativas si han probado ser ineficaces y hasta contraproducentes?

El Estado se ha convertido en la mayor amenaza: es el principal generador de conflicto, con políticas de sometimiento y control, y, junto con la delincuencia, es uno de los grandes instigadores de la violencia en el país. Es necesario un cambio de gobierno que transforme esta situación, para que se puedan dar condiciones mínimas de bienestar para los venezolanos.

Pero este cambio debe ser más profundo y estructural: debemos reformular nuestra relación con el Estado. Debemos exigir un Estado democrático, eficaz, garante de nuestros derechos humanos. Un actor fundamental en la construcción de la convivencia. Con igual importancia, debemos articularnos con él a través de nuevas formas de participación. Ya no desde la sobrevivencia sino materializando iniciativas que satisfagan necesidades en común, canalizadas y reproducidas sin ser desvirtuadas, o condicionadas negativamente, por el aparato estatal.

Como país, debemos preguntarnos cómo queremos que sea nuestra relación con el Estado. La respuesta determinará aspectos fundamentales en los ámbitos de nuestra vida social y en la construcción de un proyecto a futuro para los venezolanos.