Se están viviendo las terribles consecuencias de la implantación de la dictadura y del establecimiento de su modelo al país. La Asamblea Constituyente ilegítima aprueba una supuesta ley contra el odio, que criminaliza la protesta y potencia la censura en medios masivos y redes digitales. La persecución a la disidencia ha tenido otra expresión en el proceso absurdo contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Fredy Guevara, por instigación a la violencia en las manifestaciones ocurridas entre abril y agosto, mientras continúan impunes cuerpos y funcionarios de seguridad, así como grupos paramilitares, responsables del asesinato de más de un centenar de personas en estos mismos hechos.

El afianzamiento del modelo dictatorial también se implementa a través de políticas destructivas y empobrecedoras. Políticas que repercuten de forma desastrosa sobre las condiciones de vida de la gente, incidiendo en áreas prioritarias de su cotidianidad. Una de las áreas que ha empeorado de manera acelerada en los últimos meses ha sido, sin duda, la del transporte público. En nuestro trabajo en comunidades, tanto en el Municipio Libertador como en otros sectores de Caracas, hemos podido conocer las enormes dificultades que está significando esta situación para la colectividad.

En este problema convergen distintos aspectos producto de una crisis fomentada y manipulada por el gobierno: al aumento de tarifas de transporte en un contexto hiperinflacionario y de escasez de efectivo, se le suma la imposibilidad de conseguir repuestos y efectuar el mantenimiento de las unidades, con la consiguiente disminución de vehículos en funcionamiento (en algunas zonas hasta en un 85%) y el cierre de rutas de menor flujo. Se disminuye de forma sustancial la movilización de las personas y es afectado el desplazamiento a lugares de trabajo o a la escuela, por ejemplo. En general, se impacta negativamente el desenvolvimiento de las actividades diarias más básicas y se aíslan sectores y comunidades enteras.

La actual crisis de transporte muestra cómo, en el modelo de dictadura, el gobierno actúa como factor de fragmentación y deterioro social. Genera condiciones que obstaculizan o impiden el normal quehacer diario de la población, culpabilizando a otros e impidiendo la búsqueda de consensos y acuerdos. Criminaliza o desacredita la participación de factores distintos al del grupo de poder, forzando a las personas a depender y supeditarse al Estado.

Es necesaria la construcción de un proyecto político que enfrente a esta exclusión y fragmentación que produce el régimen. Un proyecto que sume y vincule efectivamente a los distintos sectores de la sociedad sobre el reconocimiento de necesidades y problemas comunes. En ese sentido, las expresiones de organización, participación, y empoderamiento local constituyen un modelo de referencia para la construcción de esta respuesta política desde lo social.

Por ejemplo, según lo testimonia el profesor Alexander Campos del Centro de Investigaciones Populares, los vecinos de las comunidades en el sector Petare, generan distintas soluciones al problema de la crisis de transporte a partir de sus propios medios y posibilidades, desde las bases de la convivencia y la solidaridad. Las personas con vehículo propio llevan a otros vecinos organizándose en grupos para salir en los horarios de la mañana. Por otra parte, la comunidad contribuye en el acondicionamiento de transportes para ampliar su capacidad y poder utilizarlos como alternativas para movilizarse. Aunque limitadas, estas iniciativas generan redes de apoyo y participación de gran fortaleza y efectividad, que a partir de necesidades puntuales pueden mantenerse en el tiempo, evolucionando, ampliándose, planteando nuevos objetivos y generando movilización política. Como hemos visto en el caso de Alimenta la Solidaridad, también tienen la capacidad de articularse con otras organizaciones, grupos y sectores sociales, desarrollando procesos de involucramiento e inclusión.

Estas formas de participación nos permitirán enfrentar con efectividad a un régimen que continuará fragmentando y empobreciendo al país, generando condiciones de dependencia y sometimiento de su población. Una realidad sobre la que debemos reflexionar y actuar, construyendo una respuesta política desde lo social, desde la convivencia y la solidaridad.

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