El megafraude de las regionales culmina el bloqueo y secuestro de vías de expresión democrática iniciado por el régimen a partir de su derrota en las parlamentarias de 2015. El gobierno de Nicolás Maduro ha secuestrado instituciones y comprometido procesos electorales desde la estructura del Estado para constituir un sistema electoral fraudulento. Con un CNE que no refleja la voluntad del pueblo ni le brinda confianza para expresarse, parcializado por completo hacia el régimen opresor.

Esto puede verse con claridad con lo que está sucediendo en el estado Bolívar: el CNE desconoce la victoria de Andrés Velásquez, en una gobernación de enorme importancia para el proyecto del Arco Minero, en el que gobierno y grupos paralegales tienen grandes intereses. Sin un cambio drástico en las condiciones actuales, que permita retomar la vía electoral como vía pacífica para la resolución de conflictos, la participación en nuevos eventos electorales resulta inviable para los sectores mayoritarios y democráticos del país.

Ya es indiscutible la naturaleza dictatorial y autoritaria del gobierno. La perversión de los procesos electorales se suma a otros mecanismos de opresión como la violencia del Estado, la censura informativa y la hegemonía comunicacional, o la implementación de sistemas de control como los CLAP o el carnet de la patria. Estas son sólo algunas de las herramientas con las que se mantiene en el poder el régimen, a pesar de un apoyo popular minoritario y en medio de una crisis histórica.

Es en este contexto, difícil y complejo, en el que el liderazgo opositor y los diversos sectores sociales deben abordar los enormes retos de recuperación democrática y reconstrucción del país.Por un lado la oposición deberá continuarla presión en el ámbito internacional: seguir buscando el apoyo de países y organizaciones democráticas, que ya ha producido sanciones, medidas y denuncias. Se ha reconocido la situación venezolana y sus repercusiones tanto en la región como en el mundo. Hacia lo interno, la Asamblea Nacional deberá continuar sus esfuerzos, representando el único poder autónomo del Estado. En este espacio se han obtenido logros importantes, como el impedir el financiamiento ilegal del régimen a través de préstamos y negociaciones que comprometan a la república.

Por otro lado, la sociedad venezolana entra en un proceso de toma de conciencia sobre laparticipación, organización y movilizacióndentro del marco dictatorial del país. En este sentido creemos que es prioritario reflexionar sobre los aspectos de laorganización comunitaria y local, sobre la protesta (tanto de grupos particulares como de sectores masivos de la población), y sobre la necesidad de vincular al movimiento democrático a sectores disidentes o coaccionados dentro del poder.

La participación y organización tendrán un papel determinante en la búsqueda de vías no violentas de resistencia y cambio y en la generación de respuestas ante la crisis. Tanto en nuestra experiencia en el movimiento Mi Convive, como en la implementación del plan Alimenta la Solidaridad, la articulación de miembros de las comunidades entre sí y con otros actores sociales, permite la generación de iniciativas que den alivio a problemáticas como las del hambre o la violencia. Pero también, puede generar una base que involucre y comprometa a las diferentes fuerzas sociales, base con la capacidad de convertirse en un factor significativo de oposición al régimen.

Es evidente que en lo inmediato continuará profundizándose la crisis, con el mantenimiento del modelo destructivo del gobierno, y seguirá la escalada dictatorial. Esto ya puede verse en la exigencia, a gobernadores electos, de juramentarse frente a la Asamblea Constituyente y subordinarse ante esta instancia ilegítima. Vivimos tiempos de adversidad y dificultades, de dictadura y opresión, que se recrudecerán en lo inmediato. Ante lo que viene no podemos resignarnos sino responder tanto desde el compromiso y la participación como de la solidaridad y la convivencia.

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